Comenzaba el Pleno guardando un minuto de silencio por las tres víctimas asesinadas presuntamente a manos de sus exparejas, elevando así a 33 el número de víctimas mortales de violencia de género en lo que va de año. A continuación, se procedió a dar carácter ordinario a la sesión del pleno que sustituía a la ordinaria del 24 de septiembre porque coincidía con las fiestas del municipio.
En el punto tres del orden del día se trataba de aprobar la Cuenta General del 2014, un documento técnico de los diferentes movimientos de ingresos y gastos de Ayuntamiento, que refleja la situación económica del mismo y que hay que enviar al Tribunal de Cuentas para que lo fiscalice. Fue aprobado por unanimidad.
El punto cuatro trataba de la contratación del servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros en nuestro municipio en la modalidad de concesión. Este es un servicio que ya viene prestándose bajo la misma modalidad, porque ha supuesto un menor coste para el Ayuntamiento. Después de haber examinado la documentación, que contaba con el asesoramiento de los servicios técnicos del consistorio para estimar la viabilidad de la gestión, la portavoz del grupo municipal IU-Ahora-Azuqueca de Henares, formuló varias preguntas sobre algunas cuestiones en las que los ediles de la formación presentaban dudas y pidió formar parte de una comisión de seguimiento, no sólo de esta concesión administrativa, sino de todas las demás que gestionan servicios públicos, para vigilarlas muy de cerca y evitar así abusos e incumplimiento de cláusulas contractuales por parte de la empresa concesionaria.
Este punto salió adelante con 15 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.
Seguidamente, se dio lectura a la Declaración Institucional del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares sobre políticas de atención y ayuda al refugiado.
Fue a partir del punto sexto, cuando el Pleno comenzó a ponerse interesante. Se trataba de debatir sobre la moción que presentaba el Partido Popular a favor de mantener el convenio sanitario entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Comenzó la portavoz de IU-Ahora, Mª José Pérez, celebrando ver a las concejalas y concejales del PP tan preocupados por los derechos sanitarios de los castellanos-manchegos. Les recordó que en el año 2012 Rajoy anunció un recorte en sanidad de 7.000 millones de euros y Cospedal, en su plan de ajuste presupuestario, destinaba 540 millones de euros menos a la sanidad de Castilla-La Mancha, entonces también eran ediles y no mostraron ni el más mínimo gesto de indignación. Permitieron que cerraran camas, que se despidiera a personal, que se estableciera el copago sanitario y el de transporte sanitario, pararon la construcción de nuevos centros de salud, de hospitales, cerraron la planta de oncología infantil del Hospital de Toledo obligándoles a hacer a los niños enfermos kilómetros y kilómetros y a sus padres a tener que alquilar un hostal para poder dar las sesiones de quimioterapia y radioterapia a sus hijos, Desde luego, una aberración sin precedentes.
Mientras la portavoz de IU-Ahora recordaba semejantes atrocidades al PP, las concejalas y concejales socialistas mostraban su indignación en el Pleno, como si cuando gobernaba Zapatero no se hubiese producido ningún recorte en sanidad. Olvidaron que Zapatero, de la mano de Rajoy, modificó urgentemente y con alevosía, el artículo 135 de la Constitución para primar los intereses de los poderosos y, si quedaban algunas migajas, contentar con ellas a los ciudadanos.
“Recuerdo a las señoras y señores socialistas que el fondo de cohesión sanitaria estuvo dotado con hasta 150 millones de euros y aún así era muy insuficiente. En los años 2008 y 2009 se redujo a 100 millones. En el año 2011 Zapatero lo bajó a 87,2 millones de euros, a 93,3 millones en 2012, a 36,3 en 2013, a 22,7 en 2014 hasta quedar en los 2,3 millones que le asignaban las cuentas del 2015”, manifestaba la portavoz de IU.
Con estos datos quedaba reflejado que el PSOE recortó es fondo como mínimo en un 25% y que jamás compensaron el 100% de los gastos. Mientras la crisis no azotaba demasiado, las Comunidades Autónomas receptoras de pacientes pudieron pagar estos tratamientos. Cuando la crisis empezó a apretar, comenzaron las quejas por parte de Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid, Murcia y Andalucía porque asumían un costo extra que no podía soportar.
Le recordó la portavoz de IU a los ediles socialistas que no podían ponerse estupendísimos y exigir ahora que los gastos que generan los pacientes al ser atendidos en otra comunidad autónoma, los cubra el fondo de cohesión íntegramente, porque nunca ante se lo exigieron a los suyos y nunca lo dotaron al cien por cien, todo lo contrario, lo recortaron brutalmente.
El PP tampoco explicaba en su moción cómo iba a afectar este convenio a los pacientes de la provincia de Toledo. Fue de nuevo la portavoz de IU la que aclarara qué número de pacientes iban a ser atendidos en la Comunidad de Madrid, en qué hospitales se les iba a atender y qué sucedería en el caso de que esos hospitales no contaran con algunas de las especialidades solicitadas.
Izquierda Unida apuesta por un convenio de colaboración entre las comunidades financiado por un fondo de cohesión sanitaria dotado íntegramente y que permita derivar a los pacientes sanitarios de gestión pública, no sólo de especialidades no existentes en su hospital de referencia, siempre que la situación lo requiera, como en los casos de listas de espera excesivas.
A continuación, se debatía la moción de Ciudadanos para la adhesión a un manifiesto conjunto a favor de un pacto nacional del agua en apoyo a los municipios ribereños de la cuenca del Tajo. No se trataba más que de una mera declaración de intenciones, en la se utilizaba palabras grandilocuentes como manifiesto o pacto nacional, con el que adornar un discurso que no entraba a analizar el fondo de la cuestión que no era otro que el de trasvase sí o no. Les recordaba la portavoz de IU a los ediles de Ciudadanos que “llevamos años tratando este asunto, presentando mociones…y no ha habido ninguna solución al respecto más que la de seguir trasvasando agua”. «Esta moción que traen ustedes a este Pleno debía haber puesto en conocimiento el estado actual del río Tajo y las consecuencias sociales y ambientales que se están procediendo en las cuencas cedentes”.
Sorprendió la actitud de preocupación por el río Tajo que mostraron en este Pleno de los ediles de Ciudadanos, hasta hace nada concejales no adscritos y escasamente dos años antes, concejales del PP, a la que acompañaron con un cartel que decía “TRASVASE NO”. Izquierda Unida celebró esta muestra reivindicativa, pero su portavoz hizo un breve recorrido histórico y les recordó que cuando eran concejales del PP, concretamente en marzo de 2013, votaron en contra de las alegaciones que este mismo Ayuntamiento presentaba al documento de propuesta de proyecto del plan hidrológico de cuenca de la parte española de la demarcación del Tajo. Por aquel entonces, defendieron la línea del Partido Popular que era la de autorizar trasvases a partir de los 240 hm cúbicos, sin importarles lo más mínimo el impacto medioambiental que estaba sufriendo la cuenca cedente. Lo que hay que ver.
Lo cierto es que el Tajo está degradándose hasta el punto de que los pantanos de Entrepeñas y Buendía, los de su cabecera, están al 13,39% de su capacidad. Por eso no se puede afirmar que a partir de los 400 hm cúbicos se puede trasvasar agua.
Finalmente, la portavoz del IU pidió introducir un nuevo punto en la moción en el que quedara especificada la negación al trasvase y en el que se exigiera su paralización definitiva antes del 2016. La moción salió aprobada por los votos a favor de todos los grupos políticos excepto los del PP.
Tocaba debatir la moción de IU en la que se pedía que los bancos y otras entidades financieras paguen el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las viviendas vacías que tienen en su poder.
Empezaba la portavoz de IU recordando todo lo que su grupo había presentado y defendido en materia de vivienda cuando el actual Alcalde era concejal de hacienda en el gobierno de Bellido. También le recordó la respuesta que por escrito le había dado cuando le solicitó de nuevo el 16 de julio que quería conocer si las entidades bancarias de Azuqueca de Henares pagan el IBI de las viviendas vacías que tenían en su poder. La respuesta fue tan vergonzosa, que María José Pérez, manifestó que con esa argumentación, lo que el señor Alcalde estaba haciendo era “reírse de las vecinas y vecinos de Azuqueca que hacían un esfuerzo por pagar el IBI, que cumplen con su obligación como contribuyentes mientras que usted les permite a las entidades financieras, a las grandes estafadoras de este país, a las que han condenado a miles de familias a vivir en la miseria, que sigan eludiendo el pago de este tributo”.
No les gustó al gobierno socialista de Blanco que Izquierda Unida pidiera en su moción al gobierno autonómico, al presidido por Emiliano García-Page, una ley habilitante que permita a los ayuntamientos aprobar ordenanzas fiscales que graven especialmente la tenencia de viviendas vacías por parte de los bancos y otras entidades financieras, similar a la que se aprobó en el Parlamento andaluz, gracias a la Consejera de Fomento, Elena Cortés, de Izquierda Unida, antes de que Susana Díaz los echara del gobierno.
“La Comunidad Autónoma andaluza en uso de sus competencias en materia de vivienda ha aprobado un Decreto-Ley valiente, sin precedentes. Tenemos que exigir medidas en Castilla-La Mancha como éstas. Exigimos un Decreto-Ley como el de Andalucía”, estas fueron las palabras del portavoz del PSOE, el señor Escudero, en el gobierno de Bellido cuando, en el Pleno de 25 de abril de 2013, IU presentó una moción a favor de asegurar el cumplimiento de la función social de vivienda. Pero es que además, en el Pleno de 29 de enero de 2015, Izquierda Unida presentó otra moción a favor de un IBI justo y sostenible en Azuqueca de Henares en la que se pedía que el gobierno municipal hiciera todo lo que estuviera en su mano para que, en el ejercicio de su autonomía política, pudiera aprobar ordenanzas fiscales que gravaran especialmente la tenencia de viviendas vacías por parte de los bancos y otras entidades financieras. Pues esa moción, para refrescarles la memoria a las señoras y señores socialistas, se convirtió en Declaración Institucional.
Resulta que ahora, desde que gobierna el señor García-Page, todo lo que se plantea en defensa de los derechos básicos incurren en dudosas ilegalidades. Pues como afirmó la portavoz de IU, “lo que es una ilegalidad es que se eche a la gente a patadas de sus casas”. El PSOE, por supuesto, votó en contra de la moción de Izquierda Unida.
Y a las 22’00 horas terminó el Pleno.